El Ministerio del Interior de España ordenó la disolución del grupo Ares, la unidad de élite de la Guardia Civil encargada de la seguridad aérea en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El desmantelamiento de este equipo de fronteras, ejecutado bajo el mando del ministro Fernando Grande-Marlaska, se produjo en el instante preciso en que los agentes se disponían a formalizar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) un expediente contra Plus Ultra.
La maniobra del ministerio no solo ha paralizado una investigación de años, sino que ha provocado una profunda indignación social al interpretarse como un ocultamiento a una aerolínea estrechamente vinculada a los intereses del Ejecutivo y del régimen venezolano.
El expediente sepultado por el Ministerio del Interior contenía conclusiones "sólidas y claras" sobre presuntos delitos de falsificación documental, encubrimiento y violaciones flagrantes de la seguridad aeronáutica cometidos por Plus Ultra entre 2022 y 2025. El caso más escandaloso documentado por la Guardia Civil fue el del vuelo PUE889 con destino a Malabo en noviembre de 2023, el cual despegó de Barajas con un sobrepeso de diez toneladas métricas, poniendo en peligro extremo la vida de los pasajeros y la tripulación.
Según las pesquisas, directivos de la compañía coaccionaron y presionaron de forma interna a sus empleados para que alteraran y escondieran los registros reales de carga, una negligencia criminal que la cadena de mando de Interior ha preferido diluir mediante la disolución forzosa de los investigadores.
La impunidad que rodea a Plus Ultra alimenta de forma directa las denuncias de corrupción generalizada que pesan sobre la administración central, recordando que la compañía ya fue objeto de una intensa polémica tras recibir un rescate público de 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia.
Además, las pesquisas del grupo Ares coincidieron con el episodio bautizado como "Delcygate II": la introducción en España, el 13 de marzo de 2023, de 79 maletas procedentes de Venezuela a bordo de un avión de Plus Ultra. El cargamento fue colado en las pistas de Barajas bajo la etiqueta de "valija diplomática" y retirado de las instalaciones aeroportuarias sin pasar por ningún tipo de escáner aduanero o control de seguridad, evidenciando un canal de opacidad tolerado desde las altas esferas gubernamentales.
Por si fuera poco, la decisión de desmantelar la unidad Ares deja en el limbo una segunda línea de investigación sumamente grave que afectaba la operatividad diaria de la aerolínea. Los agentes de Barajas habían comenzado a acumular pruebas sobre la utilización sistemática de pilotos en prácticas para conducir vuelos comerciales de larga distancia durante más de dos años, una práctica catalogada como estrictamente ilegal por la normativa de la Unión Europea y el Colegio Oficial de Pilotos (Copac).
Con la desaparición del equipo policial, esta investigación queda completamente congelada, certificando cómo los mecanismos de control del Estado se inhiben cuando los implicados rozan el entorno de influencia del poder político.
Fuentes: The Objective, El Diario de Cantabria.
