El Partido Popular y Vox han sellado este jueves un acuerdo de 23 páginas para gobernar Extremadura bajo una agenda de estricta soberanía y protección a la familia. El documento establece la prohibición del burka y el nicab en todos los espacios y servicios públicos antes de que finalice el año. Asimismo, se decreta el cese inmediato de los programas de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios de Primaria y Secundaria a partir del próximo septiembre.
El nuevo Ejecutivo regional cortará de raíz la financiación a la industria de la inmigración ilegal mediante la supresión total de subvenciones a ONGs que colaboren con el tráfico de personas. Para asegurar el control de las fronteras internas, se creará una unidad específica encargada de verificar la edad real de los menores extranjeros no acompañados (menas). Vox asumirá la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, encargada de auditar el gasto público y eliminar partidas presupuestarias consideradas improductivas.
“Dejará de impartirse el programa de lengua árabe y cultura marroquí y se prohibirá el uso del burka en edificios públicos antes de finales de 2026”, reza el documento del pacto.
La prioridad será el eje de la política habitacional, exigiendo un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de vivienda protegida y cinco para el alquiler. Esta medida busca acabar con el acceso indebido de extranjeros a ayudas públicas, reforzado por una Unidad de Verificación del Fraude en el Padrón. El acuerdo también contempla la construcción de 3.500 nuevas viviendas protegidas, destinadas exclusivamente a familias españolas que cumplan con los rigurosos criterios de residencia y arraigo regional.
En materia energética, PP y Vox han pactado el blindaje de la central nuclear de Almaraz para garantizar la soberanía eléctrica frente a las imposiciones de la agenda verde. Se eliminará progresivamente la ecotasa autonómica que grava la producción nuclear, con una reducción anual del 30% hasta su desaparición total al final de la legislatura. Los fondos recaudados mientras la tasa siga vigente se desviarán íntegramente a un fondo de desarrollo socioeconómico para las comarcas del entorno de la planta.
La sanidad pública recibirá una inyección adicional de 500 millones de euros anuales a partir del presente año, destinada a la contratación de 1.500 profesionales y a reducir las listas de espera quirúrgicas. El plan fiscal contempla una bajada progresiva del IRPF y la recuperación de bonificaciones del 100% en tasas de caza, pesca e ITV, aliviando la presión sobre las clases medias. Además, se implementará el cheque de 500 euros por nacimiento del primer hijo, escalando hasta los 1.200 euros para familias numerosas.
El sector primario extremeño contará con una protección explícita frente a las directrices burocráticas de Bruselas, rechazando formalmente el acuerdo comercial UE-Mercosur por considerarlo perjudicial para los agricultores. Se creará un fondo de compensación específico para paliar los agravios derivados de la agenda verde europea, garantizando que ninguna medida perjudique la rentabilidad de las explotaciones locales. La Consejería de Agricultura, en manos de Vox, asumirá competencias plenas en tauromaquia, caza y gestión de la PAC.
“Se realizarán auditorías exhaustivas anuales del gasto público con el objetivo de identificar y eliminar partidas improductivas y subvenciones a sindicatos”, añade el acuerdo programático.
El pacto también reduce al mínimo legal los fondos destinados a cooperación internacional y recorta al 50% las subvenciones a sindicatos y patronales que no acrediten una utilidad pública efectiva. El compromiso incluye el rechazo expreso a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales orquestado por el Gobierno central de Pedro Sánchez. Con estas medidas, Extremadura se posiciona como el bastión de la resistencia conservadora en España, priorizando la seguridad, la natalidad y el bienestar de sus propios ciudadanos sobre las agendas globalistas.
