Una estructura de reclutamiento internacional, operada por agencias privadas y facilitadores locales, traslada a ciudadanos de El Salvador, Colombia y Cuba hacia la Federación Rusa. Bajo ofertas laborales de seguridad, logística o construcción, los individuos viajan al territorio euroasiático con la promesa de remuneraciones elevadas. Una vez en el destino, los contratos civiles se convierten en asignaciones militares y los trabajadores son enviados a trincheras de primera línea.
La captación se realiza mediante redes sociales como TikTok, Facebook y Telegram, donde se publican anuncios con beneficios financieros que incluyen bonos de alistamiento de hasta 50.000 dólares. Los salarios mensuales ofrecidos oscilan entre los 2.400 y 2.600 dólares, sumado a la promesa de acceso rápido a la ciudadanía rusa para el trabajador y su familia.
El engaño se apoya en la barrera del idioma, dado que los contratos se presentan únicamente en ruso, lo que impide a los reclutados comprender las cláusulas de servicio obligatorio. Según testimonios y reportes de inteligencia, los documentos exigen servir hasta el final del conflicto debido a decretos vigentes en el Kremlin.
En El Salvador, familiares de afectados identificaron a Carlos Gallego y Marlyn Montoya como presuntos nexos locales que ofrecen empleos en zonas petroleras o de escoltas. El esquema implica que, al llegar a Rusia, los ciudadanos son despojados de sus pasaportes y teléfonos personales de forma inmediata.
La viralización de un video de un ciudadano colombiano, quien denunció haber sido forzado a participar en el conflicto tras promesas de empleo digno, motivó nuevas peticiones de auxilio. En el material, el joven relata que las condiciones de trabajo se desvanecieron al ser obligado a participar en las hostilidades bajo amenazas.
Datos de la ONU y medios como la BBC indican que hasta 20.000 cubanos podrían haber sido reclutados, habiéndose identificado ya a 1.000 de ellos con uniformes rusos. En Colombia, se alertó sobre redes que captan a exmilitares para conflictos en el extranjero, incluyendo el frente ucraniano. Este fenómeno de reclutamiento masivo también afecta a ciudadanos de naciones como Nepal, India, Egipto y Yemen, quienes enfrentan condiciones similares de contratación.
Los afectados denuncian un cambio en las funciones asignadas, donde puestos prometidos en cocina o logística se transforman en misiones de asalto directo en el frente. La combinación de la oferta de nacionalidad y los pagos en dólares actúa como el anzuelo para que los civiles firmen compromisos de los que no hay retorno legal.
Las autoridades advierten que estas estafas laborales podrían encajar en delitos de trata de personas con fines de reclutamiento militar, aprovechando la situación económica de los países. La falta de transparencia en la contratación y el aislamiento de los reclutas refuerzan la teoría de una red de explotación transnacional operativa.
Organismos internacionales instan a los gobiernos a vigilar las ofertas de empleo en el exterior y a brindar apoyo consular a los ciudadanos atrapados en la red. El uso de facilitadores locales sugiere una organización con capacidad de operar directamente en las comunidades de origen de los reclutas.
