El Congreso de los Diputados ha derogado este martes 28 de abril el decreto ley que pretendía intervenir el mercado del alquiler en España. Con 177 votos en contra, el bloque conformado por Vox, el PP y Junts ha logrado tumbar una medida que la derecha calificó de "improvisación y supervivencia política". El resultado deja en evidencia la fragilidad de la coalición de gobierno, que vio cómo su agenda de control de precios colapsaba ante una mayoría que rechaza el intervencionismo estatal.
La sesión estuvo marcada por la ausencia de los ministros socialistas durante el debate, dejando solo a los representantes de Sumar para defender una norma que ya nació muerta. Desde la bancada de Vox, se subrayó que este tipo de políticas son "pan para hoy y hambre para mañana", argumentando que la verdadera solución a la crisis de vivienda no pasa por castigar al propietario, sino por aumentar la oferta y garantizar la seguridad jurídica. La formación liderada por Santiago Abascal celebró que se pusiera freno a una ley que, a su juicio, solo servía para criminalizar a quienes ponen su patrimonio en alquiler.
“Lo que traen aquí es propaganda. El problema es la escasez de oferta y la inseguridad que generan en los dueños. Cuando se ataca la propiedad, el mercado se retrae y los ciudadanos salen perdiendo”, afirmaron portavoces de la oposición durante el pleno.
Los socios del Gobierno se dedicaron a intercambiar culpas por los pasillos, con la izquierda radical acusando a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de "ponerse de perfil" y no negociar con el rigor necesario. Por su parte, el sector socialista no ocultó su malestar ante los ataques de sus propios aliados, llegando a sugerir que "algunos no saben negociar", en clara alusión a la impericia del equipo de Yolanda Díaz.
“Cuando haces una política de vivienda en la que te cae más simpático un okupa que un propietario, vas al fracaso”, sentenció Jordi Turull de Junts.
La derrota del Gobierno ha generado una situación de incertidumbre para aquellos que intentaron acogerse a la prórroga durante el mes que la medida estuvo vigente. No obstante, el mensaje enviado hoy desde el Congreso es fundamental: la propiedad privada es un pilar sagrado que no puede ser pisoteado por intereses electorales de corto plazo.
Fuentes: ABC / Agencia EFE
