Este sábado, la Guardia Revolucionaria anunció la detención masiva de 239 personas en las provincias de Kermanshah y Kurdistán. Los arrestados, descritos por Teherán como "elementos antirrevolucionarios", han sido acusados de colaborar con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel para preparar el terreno ante una posible incursión militar desde el oeste del país.
Las operaciones, que se saldaron con la muerte de una persona en Kurdistán, incluyeron redadas donde se incautó armamento pesado, como lanzacohetes RPG y explosivos. Según la agencia oficial Mehr, en Kermanshah fueron capturadas 155 personas, entre ellas cuatro presuntos espías vinculados al Mosad. Esta ola de arrestos es una estrategia sistemática de persecución que el régimen ha radicalizado desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, utilizando el conflicto externo como pretexto para aniquilar a la oposición interna.
La brutalidad del sistema judicial iraní también quedó de manifiesto esta madrugada con la ejecución de Erfan Kiani en la ciudad de Isfahán. Kiani, acusado del delito de "moharebeh" (enemistad contra Dios), se convirtió en el noveno manifestante ahorcado tras las masivas protestas de enero de 2026. El régimen sostiene que Kiani actuaba bajo órdenes extranjeras para destruir bienes públicos, una acusación recurrente para deslegitimar a los miles de ciudadanos que exigen el fin de la República Islámica.
La represión de las protestas de enero ya ha dejado un saldo de víctimas estremecedor. Mientras el recuento oficial reconoce poco más de 3.000 muertes, organizaciones internacionales como HRANA elevan la cifra a más de 7.000 fallecidos y denuncian la detención de unas 53.000 personas. Estas estadísticas confirman que Irán atraviesa uno de sus periodos más sangrientos, superando con creces los registros de ejecuciones de décadas anteriores; tan solo en 2025, el país ahorcó a 1.639 personas, un aumento del 68% respecto al año previo.
