El Gobierno de Rodrigo Paz enviará al Legislativo un modelo para el sector hidrocarburos que fija tributos de hasta el 50% para las petroleras. La reforma busca revertir la tendencia negativa en la producción de gas, la cual cayó a menos de la mitad desde 2014. El objetivo es que la estatal YPFB opere junto a inversores privados, bajo un esquema de transparencia y eficiencia.
Las cifras reflejan una situación crítica, pues las exportaciones bajaron de 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025. Asimismo, las reservas probadas disminuyeron a 3,7 trillones de pies cúbicos, lo que obliga al país a recuperar su condición de productor. La propuesta instaurará un sistema progresivo que fomente la exploración y explotación inmediata de los recursos.
“Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa”
El nuevo sistema impositivo respeta el referéndum de 2004, donde la población votó cobrar regalías e impuestos por el 50 % de la producción. Medinaceli aclaró que la narrativa de una participación estatal del 82 % fue temporal y limitada a solo dos campos. En la práctica, la participación del Estado ha fluctuado históricamente entre el 53% y el 65%, según los contratos.
La ley eliminará el concepto de costos recuperables y la discrecionalidad de YPFB al tratar con empresas, garantizando así seguridad jurídica. El ministro enfatizó que se busca un sistema eficiente, similar a los modelos de Colombia o Brasil, para que el sector privado participe activamente. El Estado mantendrá la propiedad de los recursos, pero ofreciendo condiciones atractivas para detener el estancamiento del sector.
Para YPFB se plantea una modernización que incluye emitir bonos o cotizar en bolsa para captar recursos extranjeros. El Ejecutivo considera que la estatal debe transformarse en un actor competitivo, capaz de financiarse fuera del presupuesto público para lograr recursos frescos. Esta reestructuración busca potenciar la empresa pública mediante una normativa específica que asegure su transparencia institucional.
El proyecto respetará la Constitución de 2009, la cual establece que los hidrocarburos son administrados por el Estado. Sin embargo, el enfoque prioriza generar condiciones económicas para que la inversión privada regrese de forma masiva. La administración confía en que este cambio normativo permita superar la crisis de abastecimiento y recuperar los ingresos por exportación de energía.
La reforma es el primer gran movimiento legislativo del gobierno para estabilizar la economía mediante la reactivación productiva nacional. Con la reducción de la discrecionalidad administrativa, Bolivia espera posicionarse nuevamente como un destino confiable para el sector energético mundial.
