El régimen de Corea del Norte ha endurecido drásticamente el uso de la pena capital como herramienta de coacción social desde el inicio de la pandemia. Según el informe ‘Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia de Covid-19’, publicado por el Transitional Justice Working Group (TJWG), al menos 153 personas fueron ejecutadas o condenadas a muerte entre 2020 y 2024. Esta cifra supone un incremento del 247,7% respecto a las 44 personas registradas en los cinco años previos al cierre de fronteras de 2020.
La investigación de la ONG surcoreana destaca que el aislamiento derivado de la crisis sanitaria marcó un punto de inflexión en la estrategia represiva de Pionyang. El número de localidades donde se documentaron estos actos de violencia estatal se expandió de 8 a 19, lo que indica una mayor capilaridad del terror en ciudades fronterizas, costeras y del interior del país. Este despliegue geográfico coincide con la adopción de leyes más severas destinadas a erradicar cualquier influencia externa que amenace la estabilidad del Partido de los Trabajadores.
Un dato revelador del informe es el cambio en los motivos de las condenas. Mientras que antes de 2020 predominaban los delitos comunes como el homicidio, tras la pandemia las infracciones de carácter ideológico se dispararon un 250%. El consumo o distribución de cultura extranjera (principalmente surcoreana), las prácticas religiosas y las actividades consideradas "supersticiosas" se convirtieron en las principales causas de ejecución bajo el nuevo marco legal de control absoluto.
“Las penas capitales se utilizan como una herramienta de control político, social e ideológico. Hemos detectado un aumento significativo de ejecuciones vinculadas a la difusión de cultura surcoreana y prácticas religiosas que el régimen considera una amenaza directa a su supervivencia”, señala el informe del TJWG.
La represión contra la disidencia política también ha escalado a niveles sin precedentes. Las condenas a muerte por criticar las políticas del Partido, desobedecer órdenes directas de Kim Jong-un o cuestionar al Ministerio de Seguridad del Estado aumentaron un 225% tras el cierre fronterizo. En términos de individuos afectados, el número de sentenciados por estos motivos pasó de 4 a 28 en periodos comparables, lo que refleja una tolerancia cero hacia cualquier asomo de crítica interna.
El método de ejecución predominante sigue siendo el fusilamiento, aplicado en el 96,4% de los casos documentados. Además, el carácter público de estos actos sigue siendo una constante para amedrentar a la población, representando el 72,8% de las ejecuciones identificables. La ONG logró identificar 46 lugares de ejecución, destacando varios puntos en Pionyang situados a menos de 10 kilómetros de la sede central del Gobierno, lo que subraya el control directo de la cúpula sobre estas medidas.
“Cuando una sociedad se cierra por completo, como ocurrió durante la pandemia, el régimen aprovecha para eliminar cualquier elemento que considere 'descartable' o peligroso para su narrativa ideológica. Las ejecuciones por violar medidas de cuarentena o por el simple hecho de ver una película son el reflejo de un sistema que utiliza la muerte para garantizar la obediencia”, añade la investigación.
Incluso la propia gestión de la pandemia fue motivo de ejecuciones sumarias. El informe detalla al menos 12 casos relacionados específicamente con la violación de las estrictas medidas de control de movimiento y las normas de cuarentena impuestas por el COVID-19. Estos hallazgos coinciden con denuncias previas de la ONU, que recientemente aprobó una resolución condenatoria contra Pionyang por el deterioro drástico de las condiciones de vida y el refuerzo del control ideológico mediante el terror.
Los datos del TJWG, basados en testimonios de 265 desertores y fuentes internas especializadas confirman que Corea del Norte ha entrado en una fase de violencia estatal intensificada. Aunque en 2024 no se documentaron ejecuciones públicas, la ONG advierte que esto podría ser una maniobra táctica para eludir el escrutinio internacional antes de las revisiones de derechos humanos en Naciones Unidas, sin que ello signifique una reducción real en la aplicación de la pena de muerte.
Fuentes: Transitional Justice Working Group (TJWG) / Agencia EFE
