Bajo la iniciativa denominada "AccelerateEU", la Comisión pretende obligar a los países con mayores reservas de combustible refinado a "solidarizarse" con aquellos en situación crítica. Para ello, se creará un Observatorio de Combustible, una herramienta de vigilancia que pondrá fin a la autonomía nacional sobre los stocks estratégicos. El objetivo es evitar que el turismo estival colapse, en un contexto donde el 20% del queroseno que consume la Unión Europea transita por el inestable estrecho de Ormuz.
La vicepresidenta Teresa Ribera ha justificado estas medidas de control alegando la necesidad de una "transición justa", mientras el comisario de Energía, Dan Jørgensen, advertía que las economías "dependen de la capacidad de volar". Sin embargo, esta propuesta de "compras conjuntas" y reparto de reservas recuerda a las medidas de emergencia del gas en 2022, evidenciando que la UE sigue reaccionando tarde ante crisis geopolíticas previsibles, intentando ahora socializar las carencias entre los Veintisiete.
“La Comisión coordinará con los Estados miembros y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno para garantizar su disponibilidad en todos los aeropuertos. Estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora”, advirtió Ribera.
En el caso de España, el país se encuentra en una situación contradictoria. Aunque posee una de las mayores capacidades de refino de la región, es importador neto de queroseno para satisfacer su propia demanda turística. La ministra Sara Aagesen ha calificado la posición española como "privilegiada", pero se ha mostrado abierta a esta plataforma de compras conjuntas, lo que podría obligar a España a ceder parte de su producción o reservas a socios europeos menos previsores en plena temporada alta.
El paquete energético también incluye recomendaciones para que los gobiernos rebajen impuestos a la electricidad y prohíban cortes de suministro a hogares vulnerables. No obstante, estas medidas llegan después de que la escalada de precios en Oriente Medio haya costado ya a la UE unos 24.000 millones de euros en menos de dos meses. La propuesta será debatida este jueves y viernes en un Consejo Europeo informal en Chipre, donde se medirá la verdadera disposición de los países a ceder soberanía sobre sus recursos energéticos.
